El Gobierno de Argentina defendió la confidencialidad de las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en una declaración ante la jueza Loretta Preska, argumentando que revelar información sensible podría comprometer la seguridad nacional. Esta posición surge en el contexto de un fallo relacionado con la expropiación de YPF, donde los beneficiarios, como Burford Capital, buscan identificar activos embargables.
En el documento presentado, se expone que la divulgación de datos sobre las reservas, como su ubicación o rutas de transferencia, podría afectar la gestión de liquidez y la estabilidad financiera del país. Además, se argumenta que dicha información podría poner en riesgo la seguridad física al exponer los movimientos del oro a amenazas externas.
El ministro de Economía, Luis Caputo, también realizó una aclaración ante la Corte, indicando que no posee información "no pública" sobre las cuentas del BCRA, enfatizando que sus comentarios se fundamentan en reportes de prensa. La defensa del Gobierno sostiene que el oro es un activo del BCRA, lo que le otorga inmunidad ante embargos en Estados Unidos, el Reino Unido y Argentina.