Argentina celebró un hito significativo al firmar el Decreto 1601/2005, lo que le permitió recuperar el control de su política económica, hasta entonces influenciada por instituciones internacionales. Este movimiento marcó el inicio de un cambio en la dirección de los fondos, que comenzaron a destinarse a áreas como educación, infraestructura y salud.
Entre 2005 y 2010, el país reestructuró el 93% de su deuda en default, lo que redujo considerablemente la relación deuda/PBI, que había superado el 150% tras la crisis de 2001. Este proceso fue reconocido incluso por figuras políticas que más tarde criticarían la gestión económica, como Nicolás Dujovne, quien en 2015 describió la baja deuda de Argentina como una “bendición”.
No obstante, las administraciones recientes, incluyendo la de Javier Milei, han vuelto a optar por el endeudamiento, incluso con el FMI, a pesar de haberse opuesto a la organización en el pasado. Este ciclo de deuda y dependencia plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de las políticas económicas en el país.
El rol del Fondo Monetario Internacional en estos contextos es también motivo de debate, ya que su asistencia a países en crisis a menudo beneficia a bancos privados del Norte, transformando las pérdidas privadas en cargas públicas para los ciudadanos.