El Gobierno argentino pospuso indefinidamente la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta decisión se tomó tras la salida de Marco Lavagna del INDEC, lo que ha llevado a que se utilice una metodología obsoleta para medir la inflación, basada en datos de 2004. El FMI había requerido que Argentina adoptara datos más recientes, específicamente de 2017 a 2018, para mejorar la precisión del IPC.
El staff report del FMI estipulaba que el nuevo índice debía ser publicado a finales de 2025. Sin embargo, el Ejecutivo no cumplió con este plazo, lo que podría tener repercusiones en la confianza de los mercados y de las instituciones internacionales sobre la veracidad de los datos económicos oficiales. A raíz de esta situación, la medición seguirá basándose en fórmulas antiguas, lo que podría afectar la percepción de la economía argentina en el ámbito internacional.