El gobierno argentino ha decidido extender la "restricción cruzada" que ya estaba en vigor para las empresas, ahora aplicándola a las personas físicas. A partir de esta medida, aquellos individuos que compren dólares en el mercado oficial deberán esperar 90 días antes de poder venderlos en el mercado financiero, como el MEP y el CCL, o usarlos para adquirir obligaciones negociables y Cedears.
Esta decisión se toma en un contexto donde la flexibilización del **cepo cambiario** no ha logrado detener la fuga de capitales. La administración de Javier Milei está preocupada por la caída de reservas hasta las elecciones de octubre, buscando evitar un salto cambiario que podría resultar en una derrota electoral. Las restricciones buscan frenar la compra de dólares por parte de empresarios para ampliar la oferta en el mercado financiero, lo que ha sido utilizado como una vía para enviar divisas al exterior.
Desde abril hasta agosto, la demanda de divisas en el mercado oficial alcanzó aproximadamente U$S 17.900 millones, con U$S 9.500 millones dirigidos al segmento de los dólares financieros. Esto pone de relieve que, a pesar de las reformas laborales propuestas, las empresas continúan expatriando sus ganancias en lugar de reinvertir en el país, reflejando así una tendencia a la fuga de capitales que afecta la economía nacional.